Una reciente polémica surgida en el Reino Unido pone una vez más de manifiesto la importancia de contar con traductores e intérpretes profesionales, especialmente en un área tan sensible como la administración de justicia.
Dentro de la dinámica general de recortes en el sector público, el Ministerio de Justicia del Reino Unido decidió el año pasado cambiar el sistema de contratación de intérpretes para la administración de justicia de Inglaterra y Gales.
En el Reino Unido existe un registro nacional de intérpretes habilitados para trabajar en los servicios públicos pero, desde la entrada en vigor del nuevo sistema, los tribunales de Inglaterra y Gales deben contratar los servicios de interpretación a través de una sola empresa, Applied Language Solutions (ALS).
Sin embargo, alrededor del 60% de los 2300 intérpretes habilitados se niegan a trabajar para ALS, que ha reducido la retribución de los servicios de interpretación hasta en un 50%, además de eliminar compensaciones por desplazamiento y otras dietas.
Con el nuevo sistema se pretende obtener un ahorro de 18 millones de libras en los servicios de interpretación en tribunales, aunque por el momento parece que el cambio sólo ha traído problemas añadidos a la ya sobrecargada administración de justicia británica.
Ante el boicot de la mayoría de profesionales acreditados, parece que ALS está contratando a intérpretes sin experiencia y sin la debida formación. A modo de ejemplo, en uno de los casos el intérprete dijo a una persona acusada de “obstruir el curso de la justicia” que se le imputaban cargos de “perversión”, confundiendo dos de los significados de la palabra “pervert” en inglés.
Desde la entrada en vigor del nuevo sistema, a inicios de febrero, se han registrado multitud de casos como este. Los problemas van desde la no comparecencia del intérprete a la aparición de un intérprete que no habla la lengua del acusado. En una ocasión, un lituano acusado de hurto permaneció una semana sin acceso a la libertad bajo fianza dado que su abogado no disponía de un intérprete para comunicarse con él.
Para hacernos una idea del coste que esto supone, Mirela Watson, una intérprete rumana con 15 años de experiencia, calcula que cada día que un detenido permanece bajo custodia supone más de 750 libras para las arcas públicas (alrededor de 900 euros). En palabras de John Storer, un abogado de Lincolnshire, «los buenos intérpretes suponen un ahorro de tiempo y dinero. Gracias a su profundo conocimiento de los procedimientos judiciales, son conscientes de lo que se espera de ellos y contribuyen a que las cosas lleguen a buen puerto».
ALS aduce que tiene registrados a más de 3000 intérpretes profesionales evaluados por organismos independientes y que, tras dos semanas de introducción del nuevo sistema, todo funciona correctamente, a excepción de algunos problemas puntuales achacados a la “falta de rodaje”.
Por su parte, Kenneth Clark, el ministro de Justicia del Reino Unido había prometido que, con la introducción del nuevo sistema, la atribución de los intérpretes se realizaría de una manera más eficaz y económica. Sin embargo, a mediados de febrero, ante la constatación de numerosas anulaciones de vistas debidas a la ausencia de intérpretes, el Ministerio de Justicia remitió una circular a los juzgados y tribunales instándolos a contratar intérpretes por otros medios en caso de necesidad.
Mientras tanto, más de mil intérpretes continúan el boicot contra ALS y no dejan de llegar las quejas por parte de abogados, jueces y magistrados, que han dado la voz de alarma sobre el riesgo de que se estén produciendo numerosas injusticias y sobre la vulneración continuada del derecho a un juicio justo.
En definitiva, este caso no deja de suponer un claro ejemplo de la importancia de disponer siempre de servicios de traducción e interpretación profesionales y de calidad. Más allá de lo que en un principio pudiera pensarse, los traductores e intérpretes representan muchas veces una pieza imprescindible en el engranaje de instituciones fundamentales de cualquier democracia.
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