Traducciones Triple A

En los últimos años, la creciente internacionalización de la economía española está favoreciendo un crecimiento exponencial del mercado de la traducción e interpretación. En un contexto cada vez más globalizado, las empresas de nuestro país han de prestar cada vez más atención a las necesidades lingüísticas, principalmente en el ámbito de la comunicación corporativa.

En España, este crecimiento del mercado ha estado acompañado por un aumento creciente del número de profesionales y, en general, de los actores involucrados en la industria de la traducción y de la localización. A esto contribuyó en gran medida la introducción en 1990 de la Licenciatura en Traducción e Interpretación, que se convirtió rápidamente en una de las titulaciones más demandadas por los universitarios españoles, hasta alcanzar la cifra actual de 24 centros universitarios en los que se puede cursar el Grado Universitario en Traducción e Interpretación.

Sin embargo, no solo de especialistas universitarios se nutre la industria lingüística, que, por sus características intrínsecas, ha sido siempre un campo abierto a la participación de profesionales procedentes de multitud de ámbitos. Lo que para unos es intrusismo profesional, para otros no es más que el valor añadido de conocer de primera mano el contexto para el que se traduce. Si bien es cierto que un médico puede ser la persona más indicada para traducir un caso clínico o que un abogado puede conocer mejor que nadie la terminología jurídica española, la realidad es que a menudo se realizan trabajos de muy dudosa calidad que pueden poner en peligro la imagen de cualquier empresa o echar por tierra el proyecto más delicado.

Ante esta situación de relativa opacidad del mercado, diferentes empresas y profesionales han venido demandando desde hace años la creación de estándares que, de alguna manera, puedan garantizar la calidad de los procedimientos y servicios en la industria lingüística. En el marco europeo, esta dinámica se cristalizó en 2002 con la creación de un grupo de trabajo auspiciado por el Comité Europeo de Normalización e impulsado por la Unión Europea de Asociaciones de Empresas de Traducción (EUATC).

Tras cuatro años de trabajos, en los que se invitó a participar a representantes de todos los ámbitos relacionados con la traducción, en 2006 vio finalmente la luz la Norma UNE-EN-15038, que «abarca el proceso central de la traducción, así como todos los demás aspectos relacionados con la prestación del servicio, incluidos el aseguramiento de la calidad y la trazabilidad».

Esta norma define todo el proceso de traducción profesional, desde la recepción del pedido hasta la entrega del producto final, donde la «traducción» propiamente dicha no es sino una de las fases del proceso. Se establece necesariamente una revisión independiente por parte de una persona diferente del traductor original y se definen las competencias profesionales que ha de tener cada uno de los participantes en el proceso de traducción. De este modo, un traductor que participe en un proceso adscrito a la Norma UNE-EN-15038 deberá disponer de un título superior en traducción, de un título equivalente en otra especialidad más dos años de experiencia verificable en traducción o de un mínimo de cinco años de experiencia verificable como traductor profesional.

Asimismo, se determinan los requisitos que ha de respetar todo proveedor de servicios de traducción en lo que respecta a recursos humanos y técnicos, a la gestión de los proyectos y a las relaciones contractuales con sus clientes y proveedores. La norma exige, por ejemplo, que el proveedor disponga de un procedimiento documentado para la gestión de los proyectos de traducción.

Este proceso de normalización, unido a otros sistemas de garantía y aseguramiento de la calidad, como la Norma ISO 9001, contribuye a definir las aristas de un mercado difuso y a menudo difícil de aprehender. Las empresas españolas disponen de este modo de una herramienta muy útil para garantizar la elección de servicios de traducción de alta calidad, que no comprometan el éxito de sus proyectos e iniciativas comerciales.

Más información:

Norma UNE-EN-15038
Unión Europea de Asociaciones de Empresas de Traducción (EUATC) - (en inglés)

No recorte al intérprete

Una reciente polémica surgida en el Reino Unido pone una vez más de manifiesto la importancia de contar con traductores e intérpretes profesionales, especialmente en un área tan sensible como la administración de justicia.

Dentro de la dinámica general de recortes en el sector público, el Ministerio de Justicia del Reino Unido decidió el año pasado cambiar el sistema de contratación de intérpretes para la administración de justicia de Inglaterra y Gales.

En el Reino Unido existe un registro nacional de intérpretes habilitados para trabajar en los servicios públicos pero, desde la entrada en vigor del nuevo sistema, los tribunales de Inglaterra y Gales deben contratar los servicios de interpretación a través de una sola empresa,  Applied Language Solutions (ALS).

Sin embargo, alrededor del 60% de los 2300 intérpretes habilitados se niegan a trabajar para ALS, que ha reducido la retribución de los servicios de interpretación hasta en un 50%, además de eliminar compensaciones por desplazamiento y otras dietas.

Con el nuevo sistema se pretende obtener un ahorro de 18 millones de libras en los servicios de interpretación en tribunales, aunque por el momento parece que el cambio sólo ha traído problemas añadidos a la ya sobrecargada administración de justicia británica.

Ante el boicot de la mayoría de profesionales acreditados, parece que ALS está contratando a intérpretes sin experiencia y sin la debida formación. A modo de ejemplo, en uno de los casos el intérprete dijo a una persona acusada de “obstruir el curso de la justicia” que se le imputaban cargos de “perversión”, confundiendo dos de los significados de la palabra “pervert” en inglés.

Desde la entrada en vigor del nuevo sistema, a inicios de febrero, se han registrado multitud de casos como este. Los problemas van desde la no comparecencia del intérprete a la aparición de un intérprete que no habla la lengua del acusado. En una ocasión, un lituano acusado de hurto permaneció una semana sin acceso a la libertad bajo fianza dado que su abogado no disponía de un intérprete para comunicarse con él.

Para hacernos una idea del coste que esto supone, Mirela Watson, una intérprete rumana con 15 años de experiencia, calcula que cada día que un detenido permanece bajo custodia supone más de 750 libras para las arcas públicas (alrededor de 900 euros). En palabras de John Storer, un abogado de Lincolnshire, «los buenos intérpretes suponen un ahorro de tiempo y dinero. Gracias a su profundo conocimiento de los procedimientos judiciales, son conscientes de lo que se espera de ellos y contribuyen a que las cosas lleguen a buen puerto».

ALS aduce que tiene registrados a más de 3000 intérpretes profesionales evaluados por organismos independientes y que, tras dos semanas de introducción del nuevo sistema, todo funciona correctamente, a excepción de algunos problemas puntuales achacados a la “falta de rodaje”.

Por su parte, Kenneth Clark, el ministro de Justicia del Reino Unido había prometido que, con la introducción del nuevo sistema, la atribución de los intérpretes se realizaría de una manera más eficaz y económica. Sin embargo, a mediados de febrero, ante la constatación de numerosas anulaciones de vistas debidas a la ausencia de intérpretes, el Ministerio de Justicia remitió una circular a los juzgados y tribunales instándolos a contratar intérpretes por otros medios en caso de necesidad.

Mientras tanto, más de mil intérpretes continúan el boicot contra ALS y no dejan de llegar las quejas por parte de abogados, jueces y magistrados, que han dado la voz de alarma sobre el riesgo de que se estén produciendo numerosas injusticias y sobre la vulneración continuada del derecho a un juicio justo.  

En definitiva, este caso no deja de suponer un claro ejemplo de la importancia de disponer siempre de servicios de traducción e interpretación profesionales y de calidad. Más allá de lo que en un principio pudiera pensarse, los traductores e intérpretes representan muchas veces una pieza imprescindible en el engranaje de instituciones fundamentales de cualquier democracia.